Gobierno avanza en las prohibiciones a la divulgación periodística sobre la potabilidad del agua, mediante sentencias judiciales. La medida cautelar solo sería aplicable a Caracas y pudiera considerarse inconstitucional
MAHYLENI SERPA PÉREZ
Atendiendo con suprema efectividad a la solicitud del presidente Hugo Chávez, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció el inicio de una investigación a los medios de comunicación por informaciones publicadas sobre la contaminación del agua, y el Tribunal 25º de Caracas aplicó una medida cautelar innominada que les exige actuar con "extrema responsabilidad y veracidad" en la difusión de información relacionada a este tema. El fallo ordena respaldar todas las publicaciones con un informe técnico "certificado por el organismo competente".
Ortega Díaz dijo que "si se va a decir que el agua está contaminada, cosa que los medios pueden hacer, pues deben decir de dónde salió esa información, de manera veraz".
Andrés Cañizález, profesor de la UCAB, explicó que el "Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha asentado muy claramente que es muy peligroso que los funcionarios públicos sean los que establezcan el criterio de veracidad porque en general ellos son arte y parte de las denuncias". Según la Real Academia Española la palabra veraz significa "que dice, usa o profesa siempre la verdad".
El MP y el Tribunal 25º asumen que la verdad debe tener soporte científico, y no solamente la verificación de la información y de la fuente que forma parte del trabajo periodístico. Más allá de eso, no denunciar la contaminación de las aguas en el país, aún siendo denuncias formuladas por los gobernadores de Monagas y Carabobo, podría catalogarse como "falta de veracidad". El fallo judicial se constituye, en definitiva, como una censura al trabajo informativo.
EFECTO BOLA DE NIEVE
No es la primera vez que instituciones gubernamentales atentan contra la libertad de expresión, a través de decisiones judiciales. Uno de los casos fue el sucedido con el "testigo estrella" Giovanni Vásquez, del caso Danilo Anderson.
No es la primera vez que instituciones gubernamentales atentan contra la libertad de expresión, a través de decisiones judiciales. Uno de los casos fue el sucedido con el "testigo estrella" Giovanni Vásquez, del caso Danilo Anderson.
En noviembre de 2004, el Tribunal Sexto de Primera Instancia de Control, a cargo del juez Florencio Silano, dictó medidas cautelares de protección a favor a éste, prohibiendo a todos los medios de comunicación divulgar las actas del expediente relacionado con el caso Anderson y en referencia a la vida privada del testigo Vásquez, alegando que el Estado debía proteger su dignidad como ser humano, su honor, decoro e intimidad.
En agosto de 2010, luego que los diarios El Nacional y Tal Cual , publicaran una fotografía que mostraba el macabro interior de la morgue de Bello Monte, funcionarios de la Defensoría del Pueblo introdujeron un recurso en la sede del Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente en contra de la polémica imagen publicada. Larry Devoe, encargado de asuntos jurídicos de la Defensoría, alegó que las imágenes mostradas por los diarios vulneraban el derecho a la integridad moral y psíquica de los niños y adolescentes así como el derecho a recibir una información que sea adecuada a su formación integral.
Por lo tanto, se prohibió hacer uso de nuevo de la fotografía. Otro de los casos fue el ocurrido en noviembre del año pasado, cuando un niño fue asesinado luego de una disputa con un juego de videos. En ese momento el Consejo de Protección del Niño prohibió a los medios de comunicación hacerle el seguimiento a ese caso, aparentemente por tratarse de menores.
Los antecedentes evidencian un deseo del poder por ir reptando en el control de la información, logrando instaurar la censura periodística, utilizando casos emblemáticos como base para crear jurisprudencia que pueda conducir, eventualmente, a un control sobre cualquier tópico publicado en los medios de comunicación.
Hasta ahora, las decisiones han prohibido informar sobre sucesos, luego sobre casos que involucren a menores de edad y, ahora, denuncias sobre deficiencia en servicios públicos. Mañana, el abanico de temas pudiera ampliarse.
SE PERJUDICA LA AUDIENCIA
Andrés Cañizález explica que se trata de "una medida inviable, pues el Ministerio Público no tiene la capacidad de monitorear lo que dicen todos los medios de comunicación del país, incluyendo la web". Indicó que la decisión está orientada a sancionar a medios específicos, cuando así se requiera y se considere.
Andrés Cañizález explica que se trata de "una medida inviable, pues el Ministerio Público no tiene la capacidad de monitorear lo que dicen todos los medios de comunicación del país, incluyendo la web". Indicó que la decisión está orientada a sancionar a medios específicos, cuando así se requiera y se considere.
El académico sostiene que es posible que algunos medios de comunicación suavicen sus publicaciones sobre el tema por temor a una sanción. "El que saldrá más perjudicado con esta situación es el ciudadano común", recalca.
Con respecto al ejercicio periodístico explicó que estas acciones establecen la censura previa, desde el momento en que los medios dependen de una sola fuente oficial que valide la información soportada con un informe técnico, como establece el fallo del Tribunal 25º.
El Colegio Nacional de Periodistas calificó la investigación del MP y la medida cautelar contra las denuncias sobre la presunta contaminación del agua, como "una campaña de silenciamiento" a los medios de comunicación. Reporteros Sin Fronteras las calificó como un "acto de censura pura y simple, motivado políticamente".
La organización internacional lamentó que estas acciones contribuyan "al deterioro del clima político y mediático preelectoral", al tiempo que se preguntó sobre las motivaciones reales de "callar" una información de interés general.
LA CENSURA NO RESUELVE
Henrique Capriles Radonski rechazó la decisión del Tribunal 25º de Control de Caracas asegurando que "el problema de la contaminación del agua no se resuelve generando decisiones para tapar las denuncias que hace la comunidad. El inconveniente no es qué dicen los medios de comunicación. Ustedes, periodistas, ejercen la contraloría, que la comunidad tenga un espacio para expresarse. Lo peor que puede hacer un gobierno es tratar de tapar la información", sentenció el candidato de la Unidad.
Henrique Capriles Radonski rechazó la decisión del Tribunal 25º de Control de Caracas asegurando que "el problema de la contaminación del agua no se resuelve generando decisiones para tapar las denuncias que hace la comunidad. El inconveniente no es qué dicen los medios de comunicación. Ustedes, periodistas, ejercen la contraloría, que la comunidad tenga un espacio para expresarse. Lo peor que puede hacer un gobierno es tratar de tapar la información", sentenció el candidato de la Unidad.
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